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Nacional

 

Asesinan de seis balazos a Isidro

Baldenegro por defender el bosque

 

 

***El histórico líder ecologista mexicano, Premio Goldman en 2005, fue asesinado después de recibir decenas de amenazas de muerte

 

 

 

Isidro Baldenegro sabía que lo iban a matar. Probablemente a balazos, como hicieron con su padre en 1986, empeñado en preservar las tierras ancestrales de su comunidad tarahumara, un grupo indígena de Chihuahua (norte de México). Este domingo, el cuerpo de Baldenegro enfrentó hasta seis impactos de bala, según las autoridades. Había ido a esconderse a una casa remota de la sierra por las decenas de amenazas de muerte que había acumulado. El que recibiera en 2005 el prestigioso premio Goldman, ha sido asesinado brutalmente por defender el bosque. Es el segundo líder ecologista reconocido con el mismo galardón al que matan en menos de un año.

Desde que le arrebataran a su padre, Julio Baldenegro, cuando tenía sólo 20 años, tomó el testigo de su lucha y con ella el alto precio de ser ambientalista en uno de los países más peligrosos del mundo para esa misión. Se convirtió en uno de los activistas indígenas más reconocidos en América Latina, dedicado en cuerpo y alma a la lucha por la preservación de los bosques de pino y roble de la Sierra Madre Occidental. Férreo opositor de los intereses comerciales en la zona, denunció a empresarios por estar aliados con narcotraficantes y madereros y se acabó transformando en la piedra más molesta del zapato de los poderosos.

Y Chihuahua no es precisamente un lugar fácil para ese cometido. El Estado fronterizo resiste una guerra contra el narcotráfico que el Gobierno de Felipe Calderón emprendiera en 2006 y que ha continuado con el Ejecutivo de Peña Nieto. Los ambientalistas de la zona denuncian que la violencia se ha intensificado por este motivo y muchas familias indígenas han tenido que abandonar sus comunidades por las amenazas explícitas de quienes quisieron limpiar el bosque de árboles para plantar marihuana.

Es el segundo líder ambientalista, ganador de un Goldman, que asesinan en menos de un año. La ecologista Berta Cáceres fue atacada en marzo del año pasado por unos hombres que acabaron con su vida. Cáceres había movilizado al pueblo de Honduras contra los planes de construcción de una presa. Siete personas han sido detenidas por su caso hasta la fecha, pero no hay ningún culpable definitivo.

Baldenegro sabía que se jugaba la vida. Por eso, poco antes de su muerte buscó refugio en la casa de un tío en una comunidad tarahumara al norte de Chihuahua. El domingo por la tarde un hombre de 25 años —a quien posiblemente conocía la víctima— sacó un arma, disparó sin piedad y huyó. La Fiscalía estatal ha anunciado que tienen "plenamente identificado" al agresor, pero no han querido ofrecer más información sobre el caso.

 

ELENA REINA

EL PAÍS

México 20 ENE 2017 - 04:00 CST

 

AMÉRICA LATINA, MORTAL PARA EL ECOLOGISMO

Las comunidades locales de Latinoamérica que se han enfrentado a la minería, al sector energético, a los negocios agrícolas o a los intereses forestales por defender sus tierras, han resistido los golpes más duros. Un estudio del observatorio británico Global Witness concluyó que América Latina era la región más mortífera del mundo para la lucha por el Medio Ambiente. Del total de los asesinatos a ecologistas en todo el mundo (185 en 2015), un 66% se dio en esta zona. 33 de ellos fueron en México.

Magistrados electorales protegieron intereses

del régimen y se despacharon como virreyes

 

 

 

 

 

Los magistrados salientes del tribunal electoral suelen responder que sus sentencias hablan por ellos. Este jueves, tras haber resuelto más de 59 mil 500 asuntos, cierran un periodo en el que, según estudiosos de sus resoluciones, hubo parcialidad o falta de solidez en varias de ellas, una tendencia a cuidar los intereses del régimen y a extender un ‘‘manto protector’’ hacia algunos partidos políticos, lo mismo que tibieza con las televisoras y un afán de legislar.

Aunque advierten avances en los temas ‘‘taquilleros’’ relacionados con la equidad de género, candidaturas independientes y derechos políticos de los indígenas, también encuentran aspectos débiles o bandazos cuando los seis magistrados de la sala superior abordaron dichos expedientes.

En la recta final de su encargo, el magistrado Manuel González Oropeza asegura que fueron imparciales y si bien respeta las críticas las califica de ‘‘generales. No atienden la especificidad de los casos. No ven la complejidad de ellos’’.

Agrega: ‘‘Tengo la fortuna de ser profesor universitario con cerca de 30 años y en mis clases han transitado alumnos distinguidos, desde ministros de la Corte hasta candidatos a gubernaturas. Hay algunos que han contendido por un puesto de gobernador y yo he votado en contra por las circunstancias. Y algunos otros que sí he votado a favor, no porque hayan sido mis alumnos, sino porque sencillamente la razón les da’’.

La mirada desde la academia es distinta. Hugo Concha Cantú, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas (de la Universidad Nacional Autónoma de México) y coordinador del libro La (in)justicia electoral a examen –que analiza algunas sentencias relevantes del tribunal electoral–, plantea que en los años recientes ‘‘los magistrados comenzaron a jugar sus cartas de tipo personal. Sus sentencias dejan mucho que desear y vemos a un órgano simulando utilizar el derecho, aplicando la norma electoral de manera imparcial, cuando en realidad un estudio a muchas de las resoluciones muestra que los argumentos jurídicos se utilizan como sea para llegar a decisiones predeterminadas y de tipo político’’.

Entre los aspectos que más ensombrecen su gestión de una década, coinciden los investigadores entrevistados, se encuentra su actuación con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A éste el tribunal le perdonó en 2009 una multa de 194 millones de pesos, y si bien lo sancionó en repetidas ocasiones en 2015-2016, después le aplicó rebajas y se negó a retirarle el registro dejando una lección: ‘‘La trampa no pesa’’, según Concha, quien añade que un criterio similar se siguió con Televisa y Televisión Azteca.

Otro aspecto que genera consenso en la crítica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es que se asumiera como superior jerárquico del Instituto Nacional Electoral (INE), de los tribunales locales o de las salas regionales, provocando un activismo judicial del que los mismos magistrados se quejan, pero que ellos habrían propiciado con sus afanes de enmendar la plana a los otros órganos.

Los magistrados mostraron además un creciente apetito por legislar que incomoda hasta a los partidos políticos que hacen un balance elogioso. ‘‘En términos generales hay buen desempeño. Hay sentencias memorables por su imparcialidad y equilibrio, pero hay otras donde francamente nos dejaron el sentimiento de que ya no se trataba de interpretar la ley, sino de hacer la ley’’, refiere el representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Arturo Espinosa, experto en las sentencias del tribunal, pone de ejemplo el caso de David Monreal, quien mantuvo el registro como candidato a gobernador en Zacatecas, aun cuando tuvo omisiones en la entrega de sus informes de gastos de campaña, traduciéndose en un golpe al sistema de fiscalización.

Además, modificaron criterios y disposiciones legales para que el Partido del Trabajo (PT) mantuviese el registro, ‘‘manipulando la ley como si fuese de plástico’’, resume Concha.

Tampoco han tenido criterios uniformes para declarar la nulidad de algunas elecciones, como las de Colima y del distrito uno de Aguascalientes, mientras en otras, como la de presidente municipal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hubo un sinnúmero de irregularidades graves sin que pasara nada, añade Espinosa.

Luis Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, consideró que hubo ‘‘bandazos en establecer cómo se conformará la secuencia de las listas de representación proporcional para respetar la paridad de género en el reparto de candidaturas’’. Si bien buscó ser un tribunal garantista con los independientes, consideró que haber concedido registro a varios aspirantes a la Asamblea Constituyente ‘‘nos puede gustar políticamente, pero la sentencia es defectuosa.

‘‘Sigue siendo un tribunal que gasta mucho dinero y en una lógica suntuaria. Tampoco veo avances en sus resoluciones, porque no mantuvieron criterios claros. Diría que fue un tribunal gris con tendencias de los magistrados a beneficiar con su voto a los partidos que los propusieron.’’

Gastaron 7.7 millones de pesos en 813 viajes

La segunda integración del tribunal electoral deja a sus sucesores una herencia que remontar sobre el uso suntuario y discrecional de los recursos. Tan sólo en viáticos, los seis magistrados se repartieron 7.7 millones de pesos en 813 viajes, con disparidades evidentes, sobre todo en los periplos al extranjero: en uno efectuado a España, Flavio Galván gastó mil 127 pesos diarios en promedio, mientras Salvador Nava Gomar usó 39 mil pesos en un solo día en Argentina.

Este último, junto con otros dos, fueron una especie de magistrados trotamundos de 2007 a octubre de este año. Manuel González Oropeza estuvo más de un año fuera: 409 días en 191 estancias en las que gastó 2 millones 337 mil pesos; María del Carmen Alanís dedicó 338 días a 150 viajes que costaron un millón 239 mil pesos. Y aunque Nava Gomar tuvo 118 salidas, un número inferior, éstas fueron prolongadas, sumando 344 días y representando un millón 426 mil pesos.

Los menos asiduos fueron el presidente de la sala superior, Constancio Carrasco, con 172 días consagrados a 78 viajes, por un monto de 560 mil pesos; Pedro Esteban Penagos permaneció 246 días en 86 viajes, que significaron 781 mil pesos; el ex magistrado Alejandro Luna Ramos –quien comenzó su gestión en 2005 para sustituir al extinto José Luis de la Peza y concluyó diez años después– acumuló en 92 periplos, 224 días y 876 mil pesos gastados, mientras Galván reunió 234 días en 97 trayectos, con viáticos por 561 mil pesos.

Información de la página de Internet del tribunal

Este análisis se desprende de información contenida en la página de Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sin embargo, no es posible conocer un desglose que permita ponderar por qué las diferencias de montos entre un magistrado y otro, ni comprobar incluso la veracidad de los mismos o que efectivamente hayan reembolsado al erario 5.4 millones de pesos de los 13 millones que, según el tribunal, les fueron entregados en total.

La Unidad de Transparencia del TEPJF respondió a una petición de información que ese dinero sirvió para cubrir gastos por conceptos de ‘‘alimentación y hospedaje, servicio telefónico convencional y/o tarjetas electrónicas, acceso a Internet, traslados locales (pasajes y taxis), propinas por servicios, tintorería y lavandería’’. Pero explicó que ‘‘no cuenta con una base de datos o con algún tipo de registro’’ que permita conocer la información desagregada.

Tampoco se puede acceder en su sitio web a la liga denominada ‘‘Gastos de representación y viáticos’’, donde podrían conocerse facturas o recibos, como ocurre con contratos o facturas por adquisiciones o prestación de servicios. La Unidad de Transparencia argumentó que su sitio se encuentra en proceso de actualización, para atender requerimientos de la nueva ley de transparencia.

Esta bitácora muestra que hicieron 387 nacionales, 190 institucionales y 235 internacionales. Las estancias más caras fueron dos de Nava Gomar: una de tres días en San Miguel Tucumán, Argentina, por 116 mil 745, de los que devolvió 107 pesos; otra de cinco días en el Mar Muerto, en Jordania, por 105 mil pesos, y una más de Luna Ramos en Nueva York, por cinco días y 96 mil pesos.

El mismo Nava tuvo otras tres estancias en España, por más de 80 mil pesos o cercanas a esa cantidad. Fueron recurrentes las visitas de los magistrados a Venecia, Italia, con el argumento de que es la sede del órgano consultivo de la Unión Europea en materia constitucional.

La más costosa fue de González Oropeza, por un monto de 73 mil pesos en cinco días, mientras Alanís registró una cantidad similar en Londres.

Si bien en su más reciente informe el actual presidente, Constancio Carrasco, planteó que se buscó racionalizar estas erogaciones y se adquirieron boletos de avión con millas acumuladas en favor del tribunal, el desembolso en viáticos durante diez meses suma 434 mil pesos, muy inferior al millón y medio de 2014, cuando se dio el pico más alto, pero más elevado que los 362 mil de 2009.

En opinión de Hugo Concha Cantú, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y coordinador del libro La (in)justicia electoral a examen, está bien que los magistrados ganen un buen sueldo (448 mil pesos netos), pero criticó que sean beneficiados con prestaciones de ‘‘jeques árabes’’ consistentes en onerosos viáticos, pago de choferes o de chefs.

De hecho, el presupuesto del tribunal ha crecido de mil 139 millones de pesos en 2007 a 2 mil 265 millones en 2016, si bien su carga de trabajo también se ha incrementado de 2 mil 989 asuntos resueltos a 6 mil 882, de acuerdo con los últimos datos.

 

(Con información de La Jornada, octubre-noviembre)

 

Industria química pierde hasta 34 mil

millones de pesos al año por robos

 

La inseguridad en los ferrocarriles y las carreteras del país tiene un impacto hasta de 34 mil millones de pesos anuales en el sector de la industria química, que constantemente padece robos de sus mercancías tanto durante los traslados por carretera como mediante trenes, denunciaron dirigentes de la industria.

Roberto Bischoff, director general de Braskem & Idesa –orginaria de Brasil que produce polietileno–, señaló que en los seis meses que lleva de operar en su planta ubicada en Nanchital, Veracruz, la empresa ha registrado 14 robos de camiones con mercancía y que son frecuentes las ordeñas de material en los trenes.

“Pones tu carga a granel en ferrocarril, sales con cien toneladas y llegas a la Ciudad de México con 95, te ordeñan cinco en el camino. No tenemos datos claros abiertos de porcentajes de cargas robadas en las distintan industrias, pero mi perspectiva personal es que hoy el problema en México es más grande que en Brasil”, señaló.

El presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (Aniq), Patricio Gutiérrez Fernández, dijo que el sector químico tiene un valor aproximado de 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que la inseguridad representa un costo hasta de 10 por ciento de dicho valor cada año para las empresas, tanto en pérdidas como en inversiones para incrementar la seguridad.

Según datos de la Secretaría de Hacienda el PIB para este año es de 19 billones 172 mil millones de pesos, por lo que el valor de la industria química representa alrededor de 345 mil millones y el de los robos puede llegar hasta 34 mil millones de pesos anuales.

El dirigente de la Aniq también comentó que se han detectado un alza importante en la inseguridad en Veracruz.

“Si bien el tema de inseguridad es nacional, sí hemos visto un incremento importante en el polo petroquímico de Coatzacoalcos. Se puede deber a que terminó el etileno y no hay muchas fuentes de empleo adicionales, no hay proyectos, no hay construcción”, dijo el empresario.

Explicó que la situación en el estado también se ha traducido en robos a empresas y personas, así como asaltos, lo que, dijo, hace recordar al clima que se vivió en Altamira, Tamaulipas, hace unos años y que no ha mejorado del todo.

“Ha habido transportistas que ya no quieren recoger producto del área de Altamira porque es un tema difícil en la zona, les piden derecho de piso y si no pagas cuota puede haber repercusiones”.

El empresario refirió que además de los mencionados, los estados con más incidentes son Guanajuato y Michoacán.

Gutiérrez Fernández refirió también que se han incrementado las ordeñas de mercancías transportadas en ferrocarril, lo que tiene efectos muy dañinos en la industria, pues cuando los ladrones entran a una ferrotolva y sacan hasta cinco toneladas, contaminan todo el producto, por lo que se debe regresar a la planta para su saneamiento.

 

En Nogales, el túnel de la droga

 

ZORAYDA GALLEGOS

(Nogales, Sonora, 2 de noviembre 2016, El País)

 

Sandra vive a menos de diez metros de Arizona, pero no puede cruzar a territorio estadounidense porque no tiene visa. Su casa, una construcción con un par de paredes sin pintar, está ubicada en lo alto de un cerro al que se llega tras subir un camino accidentado y sin pavimentar trazado en la localidad mexicana de Nogales (234.000 habitantes), en el Estado norteño de Sonora. A un costado de su vivienda está el muro fronterizo que la separa de la otra Nogales, una pequeña ciudad de Arizona con poca población (20.000 habitantes) y varias tiendas de ropa y comestibles a donde acuden los sonorenses a realizar sus compras. Desde la puerta de la casa de Sandra se observan los dos países separados por una inmensa valla que serpentea por los cerros hasta perderse en la inmensidad.

—En la casa rosa de allá abajo encontraron un narcotúnel. Ese día llegaron los helicópteros y cerraron las calles —señala la mujer de 38 años desde lo alto del cerro.

Ella vive en la colonia Buenos Aires, una de las más conflictivas de Nogales. La estratégica ubicación del barrio –colinda con Arizona- ha propiciado que en algunas de las casas, como la que mencionó Sandra, se hayan descubierto túneles que desembocan en territorio estadounidense. Además es una zona completamente vigilada por el crimen organizado. Cada una de las avenidas, esquinas y callejones está plagado de punteros o halcones, hombres con binoculares y radios de comunicación que vigilan los movimientos de la patrulla fronteriza para informar el desplazamiento de los agentes estadounidenses alrededor del cerco a fin de facilitar el cruce de droga o indocumentados.

—A veces que he estado lavando ropa escucho como los vocean en su idioma para que se bajen de la valla. Cuando veo que alguien está intentando cruzar con un bulto (de droga) mejor me meto a mi casa para no meterme en problemas –dice.

Sandra vive en la colonia desde hace 15 años. Recuerda que antes de que hubiera el enorme muro de barrotes oxidados había un cerco que rompían con tenazas y por ahí se cruzaba la gente que iba de compras “al otro lado”, como le dice. Luego quitaron el cerco para colocar unas láminas lisas. En el 2007 comenzaron la construcción de la valla que está actualmente, relata. Una cuadrilla de trabajadores laboró día y noche para terminar el muro.

 —En los noventas yo me llegué a cruzar por el hoyo, así le decíamos. En ese entonces no había toda esta tecnología como ahora —cuenta mientras señala las cámaras que se alzan del otro lado del muro.

Unos metros más abajo está un jardín de niños pintado de tonos coloridos que contrastan con la valla ocre. Vanessa Quijada, la directora del plantel, cuenta que para los pequeños es normal ver movimiento policiaco y hombres intentando cruzar el muro. “Ellos saben que la valla nos divide. Que separa un país del otro”. La avenida por donde está ubicado el kínder se llama Internacional y es la misma que recorre el centro de Nogales. Ahí, frente a los comercios de la zona y a unos pasos de la garita, todos los días hombres trepan los barrotes rectangulares con mochilas cargadas de droga. “Es algo muy común, se trepan como hombres araña y rapidito se pasan del otro lado”, dice un comerciante de la zona.

Nogales, Sonora es una ciudad donde el 40% de la población es flotante, según cálculos de las autoridades municipales. Los cientos de migrantes que intentan cruzar a EE UU y no lo consiguen o aquellos que diariamente son deportados se quedan en el lugar por periodos largos o muchas veces de forma permanente. Su principal actividad económica es la industria. Fue una de las primeras ciudades del norte de México donde se instalaron maquiladoras y ensambladoras. El padre Ricardo Reciado, que hace trabajo comunitario en colonias conflictivas, dice que la dinámica de ciudad fronteriza ha llevado a que cientos de jóvenes sean reclutados por el narco. “Usan a estudiantes de preparatoria o secundaria pasa pasar droga, o muchachitos de colonias para que les sirvan de punteros”, afirma.

Una frontera peligrosa

La frontera entre Arizona y Sonora es una de las mayores puertas de entrada de droga a Estados Unidos. El sector Tucson de la patrulla fronteriza es uno de los que tienen más actividad policial, ya que cubre la mayor parte del Estado de Arizona a través de ocho estaciones que van desde Nuevo México hasta el condado de Yuma. Ahí, en esas 262 millas de frontera, los agentes han incautado históricamente el 50% de la marihuana que entra a EE UU, explica Vicente Paco, vocero de la patrulla fronteriza en ese sector.

Las bandas criminales hoy en día son organizaciones transnacionales, destaca, porque no sólo se encargan del contrabando de drogas, sino que también controlan las rutas de tráfico de personas y de armas. “Cualquier persona que quiere entrar ilegalmente a los Estados Unidos tiene que entrar al crimen organizado. Tienen que pagarle una cuota a las organizaciones y si no tienen dinero son usados como burreros o mulas”, menciona.

Tan sólo en Nogales se han descubierto 107 túneles transfronterizos y a diario hombres con cargamentos en sus espaldas escalan la valla

Uno de los puntos más conflictivos de la frontera entre Sonora y Arizona es el desierto de Altar, donde las temperaturas llegan a los 50 grados. Al ser una región inhóspita y desolada, por sus brechas se da una mayor actividad para el tráfico de narcóticos, dice el agente de la Patrulla Fronteriza. Una forma común es a través de burreros, grupos de 10 a 15 hombres que hacen travesías de hasta quince días en el desierto con cargamentos de marihuana en sus espaldas que pesan de 20 a 25 kilos.

La red del crimen organizado es tan grande que utilizan a los ciudadanos de ambos lados de la frontera para llevar a cabo su trabajo ilícito. Desde 2014 en Arizona se han encarcelado a más de 80 personas que fueron descubiertas en los cerros vigilando los movimientos de la Patrulla Fronteriza. “Antes un halcón que vigilaba nuestros esfuerzos policiacos se presentaba como un inmigrante y lo único que podíamos hacer era regresarlo a su país”, explica el agente. Ahora si se detecta que tiene un campamento en un cerro con equipo paramilitar y radios de frecuencia secreta, se presentan cargos ante la fiscalía de Arizona. “Ellos son los ojos de las organizaciones criminales”, destaca.

Un informe de la Patrulla Fronteriza detalla que durante el año fiscal 2015, a lo largo de toda la frontera de Estados Unidos con México se incautaron 1,5 millones de libras de marihuana y 4.294 libras de cocaína. El sector de Tucson fue donde se dio la mayor incautación al aportar el 48,6% del total decomisado. El agente Vicente Paco dice que han visto un incremento en el decomiso de narcóticos como metanfetamina, heroína y cocaína.

El crimen organizado diversifica cada vez más las formas para cruzar droga. Tan sólo en Nogales se han descubierto 107 túneles transfronterizos y a diario hombres con cargamentos en sus espaldas escalan la valla. “A Nogales también se le conoce como la capital del túnel. Al ser Sonora un Estado minero existe el tipo de tecnología para construir ese tipo de infraestructura”, dice el agente Paco. En otros puntos se han encontrado catapultas, escaleras o rampas recargas en la valla de metal.

El cártel de Sinaloa ha intensificado su presencia en Arizona para introducir una mayor cantidad de drogas como la marihuana y la heroína, advierte un informe de la DEA. La organización de Joaquín El Chapo Guzmán representa la amenaza más grande en los condados de Arizona. Se estima que el cártel sinaloense y sus células controlan aproximadamente el 90% de las drogas que cruzan la frontera a Arizona. También controlan el tráfico de armas y de dinero ilícito.

 

No aparecen 837 millones de dólares

en Veracruz… Javier Duarte tampoco

 

***Congreso avaló cuenta pública del 2015

 

México ya puede hacerse una idea clara de la catástrofe financiera que Javier Duarte ha dejado en Veracruz. El Congreso local aprobó la noche del lunes la cuenta pública de la entidad para el año 2015. Una mayoría de diputados avaló el informe elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), que determinó un presunto daño patrimonial que asciende a los 16.000 millones de pesos (837 millones de dólares).

Las irregularidades en la comprobación de gastos fueron encontradas en cinco secretarías, 15 organismos públicos descentralizados y seis fideicomisos. ORFIS también encontró inconsistencias en 41 de las 212 alcaldías que tiene el Estado.

La Secretaría de Desarrollo Social, una de las que más observaciones recibió por parte de los auditores, tiene irregularidades por 431 millones de pesos (22 millones de dólares). Le sigue Desarrollo Agropecuario con 286 millones (14 millones de dólares), Infraestructura y Obra Pública con 12 millones (623.000 dólares) y Educación con 7 millones (363.000 pesos). En quinto lugar se encontraría Finanzas y Planeación con algo más de un millón de pesos (50.000 dólares). En total, estas cinco secretarías acumulan un supuesto daño patrimonial por 739 millones de pesos, algo más de 38 millones de dólares.

Ricardo García, el contralor estatal informó este martes al equipo de Miguel Ángel Yunes, el gobernador del PAN-PRD que tomará las riendas de la entidad el próximo 1 de diciembre, que tiene preparado ocho denuncias penales contra exfuncionarios de la Administración de Javier Duarte. "Las habremos de presentar hoy o mañana a la Fiscalía General", dijo a la prensa García.

ORFIS también detectó que la coordinación de Comunicación Social de Javier Duarte, que se encuentra prófugo desde el pasado 20 de octubre, tiene gastos por comprobar que suman 1.994 millones de pesos (103 millones de dólares). El gobernador de Veracruz es buscado por las autoridades por los delitos de delincuencia organizada y el uso de dinero de procedencia ilícita.

“Se acreditan diversas violaciones sistemáticas a planes, programas y presupuestos”, señala el dictamen aprobado por 47 diputados y que solo recibió dos votos en contra y una abstención.

El informe del auditor hace observaciones administrativas y recomendaciones en una primera instancia. Ahora que el Congreso local ha aprobado la cuenta pública de 2015 se abre una nueva etapa. En esta segunda fase ORFIS abre un nuevo proceso de fiscalización en la que puede emitir sanciones e indemnizaciones a funcionarios y organismos que hayan incurrido en un presunto daño patrimonial. “Se citará a los responsables con la finalidad de que llevan a cabo las aclaraciones necesarias”, ha dicho Lorenzo Portilla, el auditor general del Estado.

El dictamen votado en el Congreso local se suma a una apremiante situación política en Veracruz. Desde el viernes pasado, medio centenar de alcaldes de oposición mantiene tomado el Palacio de Gobierno para exigir el pago de al menos 3.000 millones de pesos (159 millones de dólares) que les debe la Administración estatal. Flavino Ríos, el gobernador interno, ha dicho que su Gobierno no tiene dinero suficiente para cubrir las deudas.

A la caza del exgobernador

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) informó este martes que varias autoridades acudieron a un rancho en Villa Flores, Chiapas para buscar a Duarte. Alejandro Solalinde, el sacerdote y activista, había dicho en las redes sociales que sabía donde se escondía el exgobernador. "¿Quieren saber dónde está Javier Duarte? Aquí las coordenadas”, tuiteó el religioso junto a la geolocalización del supuesto paradero del prófugo político más buscado de México.

Elementos de la Policía Federal y Ministerial acudieron la madrugada a la propiedad. Según un comunicado de la Fiscalía se realizó una búsqueda “minuciosa” para ejercer la orden de aprehensión que se giró en contra de Duarte el pasado 19 de octubre. Las autoridades no encontraron indicios de que el exgobernador haya estado escondido allí. "La PGR y la Policía Federal continuarán realizando las acciones necesarias para ubicar y aprehender" a Duarte, aseguró el texto. "Es una información que me dieron a mí", confirmó Solalinde a la agencia EFE. El dato lo recibió de una persona que había acudido a él a solicitarle protección de sus derechos humanos.

Javier Duarte fue expulsado la semana pasada del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El polémico mandatario había pedido licencia de su cargo, que finalizaba el próximo 30 de noviembre, el pasado 12 de octubre. En una entrevista televisiva había dicho que dejaba el cargo para hacer frente a las acusaciones de corrupción. Su paradero se desconoce desde el día después que la Fiscalía General dio a conocer que había girado dos órdenes de aprehensión en su contra.

(Con información de EL País, 2 de noviembre 2016)

 

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